Históricamente, las leyes, políticas públicas y la propia cultura chilena han concebido a niños, niñas y adolescentes (NNA) como objetos de protección especial, más que como sujetos plenos de derecho, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Ese cambio de paradigma —de lo tutelar a lo integral— fue el eje de la conversación con Pamela Meléndez, directora del área de estudios de la Defensoría de la Niñez, invitada al espacio ¡Viva el Lunes!, instancia de diálogo organizada por Grupo Educativo para reflexionar y articularse con instituciones públicas y privadas.
Pamela Meléndez recordó que la Ley 21.430 de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, promulgada en 2022 tras más de una década de discusión parlamentaria, marca un punto de inflexión: “No basta con que el Estado actúe solo cuando hay vulneraciones. Hoy existe un mandato preventivo y de garantía. Los niños y niñas son sujetos sociales activos, con derechos que deben ser reconocidos y protegidos en todo momento”, enfatizó.
La directora explicó que esta nueva institucionalidad implica la creación de Oficinas Locales de la Niñez en cada comuna del país, instancias que deben coordinar a salud, educación, transporte y otros sectores en torno a las necesidades de los NNA. Además, subrayó la importancia de la participación directa de niños y adolescentes en la definición de políticas públicas: “No se trata de invitarlos, sino de integrarlos como co-creadores de sus propias vidas”.
En el encuentro se compartieron resultados de estudios de opinión realizados por la Defensoría, que muestran preocupaciones en ámbitos como convivencia, educación sexual, violencia y falta de espacios seguros. Una de las principales alertas es la percepción de que el derecho a ser escuchado sigue siendo uno de los menos respetados.
El desafío, advirtió Meléndez, es sistémico y cultural: “Este cambio de paradigma no solo corresponde a la Defensoría o al Estado, sino a toda la sociedad. Los medios de comunicación, las familias, las comunidades educativas y los servicios públicos son garantes de derechos”.
La declaración institucional de Grupo Educativo recoge esta visión: reconocer la niñez y la adolescencia como una etapa clave en el desarrollo progresivo de la autonomía, que debe ser orientada, valorada y atendida, para construir relaciones intergeneracionales basadas en el respeto a las garantías fundamentales.
